Coordinación de seguridad y salud en obra en Barcelona

La figura que responde cuando algo pasa

Cuando en la ejecución de una obra interviene más de una empresa —lo normal, en cuanto entran el albañil y el electricista—, el promotor está obligado a designar un coordinador de seguridad y salud. Lo dice el art. 3.2 del RD 1627/1997. No es un trámite: es quien aprueba el plan de cada contratista, comprueba que se aplica, deja constancia en el libro de incidencias y, ante riesgo grave e inminente, puede parar la obra.

Dos avisos que casi nadie da al promotor. Uno: la designación es suya y no la puede delegar, y la Guía Técnica del INSST considera que no es conforme con la finalidad y el espíritu de la norma que sea el contratista quien proponga al coordinador y llegue a pagar sus honorarios. Es la práctica más extendida en Barcelona. Dos: designarlo no traslada la responsabilidad — el art. 3.4 dice que «no eximirá al promotor de sus responsabilidades».

Hay quien vende esta figura como una carpeta que se entrega al principio y no se vuelve a abrir. Cuando pasa algo, esa carpeta no protege a nadie — ni al trabajador, ni al promotor, que es quien responde. Nosotros la asumimos con visitas reales y actas que reflejan la obra que hay, normalmente junto a la dirección de ejecución de obra: mismo equipo y una sola interlocución.

Una carpeta no ha evitado nunca una caída.

Dos obligaciones distintas, con dos disparadores distintos

Aquí se equivoca casi todo el mundo, técnicos incluidos. Hay tres obligaciones con tres disparadores independientes. El estudio de seguridad y salud depende de los umbrales económicos y de volumen del art. 4. El coordinador en ejecución, del número de empresas y autónomos que intervengan (art. 3.2). El coordinador en fase de proyecto, de una sola cosa: que intervengan varios proyectistas (art. 3.1). Si lo hay, es él quien elabora el estudio bajo su responsabilidad, y las dos designaciones pueden recaer en la misma persona (art. 3.3).

De ahí una consecuencia contraintuitiva: una obra pequeñísima con estudio básico puede necesitar coordinador, y una obra grande con estudio completo puede no necesitarlo si la ejecuta una sola empresa. El momento importa — se designa antes del inicio o tan pronto como se constate la circunstancia. Y hay una regla que provoca la mayoría de las sanciones: la simultaneidad es irrelevante. La Guía Técnica del INSST dice que la obligación es independiente del hecho de que los contratistas, subcontratistas o trabajadores autónomos tengan una presencia simultánea o sucesiva en la obra.

Si reformas tu piso y solo entra una empresa, no necesitas coordinador, y te lo vamos a decir. En cuanto entre el segundo oficio, sí. Pero cuidado con la otra mitad: si hay proyecto, el estudio básico es obligatorio igualmente (art. 4.2) y es requisito para el visado y para la licencia (art. 17.1). Puedes no necesitar coordinador y aun así necesitar documento de seguridad para la licencia de tu reforma. Y atención al ámbito: el Anexo I incluye rehabilitación, reparación, derribo, mantenimiento, conservación, pintura y limpieza e instalaciones.

Que los oficios no coincidan en obra no te libra: la norma cuenta lo sucesivo igual que lo simultáneo.

Cuándo toca estudio completo y cuándo estudio básico

Los cuatro supuestos del art. 4.1 son alternativos: basta uno para que haga falta estudio completo. Lo que no entra en ninguno lleva estudio básico, sin excepción. Y sí, el texto vigente sigue hablando de pesetas. Documentar con un básico una obra que exigía estudio completo es infracción grave del promotor — estudios con «deficiencias o carencias significativas y graves», art. 12.24.b LISOS.

¿Hace falta coordinador en tu obra? La tabla oficial

Esta es la tabla de la Guía Técnica del INSST, que interpreta el art. 3.2 caso por caso. A efectos del cómputo solo se cuentan las empresas que ejecutan obra. Es la pregunta exacta que nos hace el cliente y la respuesta es pública: no hace falta creernos.

Los papeles que se mezclan, y uno que ya no existe

Pedir el documento equivocado retrasa la obra y, si hay inspección, cuesta dinero. Las dos confusiones caras están aquí: estudio frente a plan, y coordinador frente a recurso preventivo.

Titulación, formación y el coordinador que no aparece

El RD 1627/1997 solo dice «técnico competente». Quien tasa las titulaciones es la disposición adicional cuarta de la LOE: en edificación habilita a arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según sus competencias. En obra civil, el INSST interpreta que habilitan las titulaciones facultadas para proyectar y dirigir ese tipo de obra. Y el coordinador de ejecución es, por definición legal, el técnico competente integrado en la dirección facultativa (art. 2.1.f).

La formación sorprende a todo el mundo: no hay formación legalmente obligatoria ni tasada. Lo que hay es el Apéndice 2 de la Guía Técnica del INSST, con un programa de mínimos de 200 horas en once módulos, que advierte además que sus contenidos no son los de los anexos IV, V y VI del Reglamento de los Servicios de Prevención. La Guía no es vinculante, pero es la vara con la que se mide «capacidad suficiente» en un expediente o en un juzgado. Tener nivel básico de prevención no habilita para coordinar.

Y aquí está el argumento contra el coordinador barato, que no es nuestro sino de la ley. El art. 12.24.d LISOS tipifica como infracción grave que el coordinador no cumpla las obligaciones del art. 9 «como consecuencia de su falta de presencia, dedicación o actividad en la obra». La norma no fija frecuencia de visita, así que la adecuada es la que permita cumplir el art. 9 — y una visita al mes con cuatro oficios concurrentes es difícil de defender ante un inspector.

El tipo infractor no es «no tener coordinador»: es el coordinador que no está.

El expediente de una obra en Barcelona, en orden y con firmante

Nadie tiene esta secuencia escrita en un solo sitio, y es la que un inspector recorre de arriba abajo. Con los dos detalles locales que solo conoce quien trabaja aquí: cómo se diligencia el libro de incidencias en el CATEB y qué autoridad laboral habilita el libro de subcontratación.

Sanciones, con horquilla y artículo

Cuantías del art. 40.2 LISOS, redacción vigente desde el 1 de octubre de 2021 (Ley 10/2021). Dos claves para leerlas. La graduación del art. 39.3 cuenta los daños producidos y el incumplimiento de advertencias previas, y por eso el libro de incidencias es el documento que decide la horquilla. Y lo incómodo: el coordinador no figura entre los sujetos responsables del art. 2 LISOS, así que sus incumplimientos se tipifican dentro de las infracciones del promotor.

Hasta dónde puede llegar la cadena, y quién paga si se pasa

La Ley 32/2006 pone dos condiciones a cualquier empresa que pise la obra: tener organización productiva propia y usarla, y estar inscrita en el REA, el Registro de Empresas Acreditadas. La inscripción vale para todo el Estado, dura tres años y se renueva dentro de los seis meses anteriores a su expiración; pasado el plazo queda cancelada automáticamente.

Los niveles del art. 5.2, que casi nadie tiene claros: el promotor contrata a cuantos contratistas quiera; el primer y el segundo subcontratistas pueden subcontratar; el tercero ya no; el autónomo nunca; y las empresas cuya aportación sea fundamentalmente mano de obra —sin más equipos que herramientas manuales— tampoco. Cabe un nivel adicional excepcional, solo a juicio de la dirección facultativa, con la causa anotada en el libro de subcontratación y comunicada a la autoridad laboral en cinco días hábiles.

Y la trampa, que hay que decir en voz alta: firmar una ampliación excepcional de complacencia. La dirección facultativa firma, pero el sancionado es el promotor — grave por el art. 12.29 LISOS y muy grave (art. 13.17) con trabajos de riesgos especiales. Por eso pedimos la justificación por escrito antes de firmar. Y por eso usamos siempre el escudo del art. 6.3 del RD 1109/2007: pedir la certificación de inscripción en el REA dentro del mes anterior al inicio de cada contrato hace que se entienda cumplido el deber de vigilancia y exonera de la responsabilidad solidaria del art. 7.2. Cuesta cero euros, y en una rehabilitación de comunidad —donde el promotor es la comunidad de vecinos— es lo primero que revisamos.

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